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El texto recogió el voto a favor de veinte de los veintisiete Estado miembros y cuenta ahora con una mayoría cualificada, según indicaron a Efe fuentes diplomáticas tras una discusión entre los embajadores de los Estados miembros ante la UE.
Algunos países que habían tenido reservas, como ha sido el caso de Irlanda, votaron finalmente a favor tras examinar los datos presentados por Bruselas.
Tres países votaron en contra, entre ellos Suecia y Holanda; cuatro se abstuvieron, incluidos Reino Unido y Finlandia.
España recalcó en el debate que, aparte de la cuestión de la pesca, el acuerdo tiene un valor político más amplio teniendo en cuenta los cambios políticos que se están produciendo actualmente en Marruecos, de acuerdo con las mismas fuentes.
El acuerdo pasará ahora al próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca para que lo apruebe y el Parlamento Europeo tendrá que dar su "consentimiento" al mismo.
La semana pasada, los Veintisiete no lograron llegar a un acuerdo sobre la prórroga debido a las reservas de algunos estados miembros acerca de su impacto sobre el Sáhara Occidental.
Según la Comisión Europea, Rabat ha informado de que el protocolo de pesca ha ayudado a crear empleo en el Sáhara y a llevar a cabo una serie de acciones financiadas con cargo a los fondos comunitarios.
El acuerdo es similar al anterior y propone continuar con las actividades pesqueras, realizando ciertos ajustes sobre la base de criterios científicos.
La renovación del protocolo añade, no obstante, una nueva disposición que exige a las autoridades marroquíes informar del uso de los fondos europeos y en particular del impacto socioeconómico de la financiación comunitaria, algo que no recogía el anterior protocolo.
La principal preocupación de los países que tienen reservas es la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y el hecho de que el acuerdo no habría beneficiado a las poblaciones de esa zona.
El acuerdo con Marruecos es el que tiene más importancia política para la UE, dentro de los convenios bilaterales en materia pesquera.
En los términos actuales, ofrece 119 licencias a la flota europea, más una cuota adicional para especies como la anchoa, caballa o arenque, que situarían en 138 el número de embarcaciones beneficiadas.
Los navíos españoles cuentan con un centenar de permisos, aunque no se utilizan todos, y se ven favorecidos sobre todo barcos con puerto en Andalucía y Canarias.
A cambio, la UE paga al año 36,1 millones de euros al país magrebí, una parte para su sector y otra para medidas de desarrollo.
La UE decidió optar por la vía de una prórroga de un año para no perjudicar a los pescadores y ante las dudas que la cuestión del Sáhara y otros asuntos plantean sobre una renovación a largo plazo.
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