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"En el Sáhara Occidental, algunos casos de maltrato llegaron hasta la tortura. Torturar no consiste sólo en utilizar procedimientos específicos para ello, golpear a una persona brutalmente también es un método de tortura. Y en el Sáhara, sin que tengamos datos para decir que las torturas han sido sistemáticas, sí creemos que el maltrato ha sido recurrente".
Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional (AI), adelantó ayer a este diario la que será una de las conclusiones que la organización de derechos humanos incluirá en un informe sobre los sucesos en El Aaiún, cuya publicación está prevista para mediados de diciembre.
Un equipo de Amnistía ha pasado casi una semana en El Aaiún, entre el 24 y el 30 de noviembre, para recoger testimonios sobre lo que ocurrió el pasado día 8, cuando se desalojó el Campamento Dignidad y los incidentes que siguieron.
Desde Rabat, donde el equipo de la organización tiene previsto reunirse con autoridades marroquíes para recabar su versión, Rovera ofrece un retrato ponderado de unos hechos en los que hubo "agresiones de ambas partes". Una violencia cuya consecuencia más grave fue la muerte de 11 agentes marroquíes y de dos civiles saharauis.
Estas son las cifras que defiende Rabat, pero también son las que se pueden extraer de las entrevistas que ha llevado a cabo Amnistía estos días, recalca la investigadora: "Cuando hablas con saharauis, sólo conocen las muertes de los dos civiles que ya se han confirmado. Los que te dicen que hay decenas de muertos y desaparecidos, no saben sus nombres y, cuando les preguntas de dónde han sacado la información, te dicen que lo han leído en la prensa".
"Es muy difícil saber lo que ha pasado, pero lo que está claro es que hubo enfrentamientos entre marroquíes y saharauis. Por la mañana del día 8, grupos de saharauis destruyeron casas de marroquíes y de otros saharauis considerados promarroquíes. Por la tarde, civiles marroquíes asaltaron a su vez casas de saharauis".
Sobre el supuesto apoyo de la policía a los civiles marroquíes, Rovera asegura que la única información que tienen son "las imágenes de unos vídeos" donde la policía no participa en los ataques, pero sí permanece "pasiva".
"Nos hemos entrevistado con personas heridas, algunas con balas de caucho y otras con balas reales pero de pequeño calibre", explica la investigadora. Sin embargo, AI "no puede decir si estos disparos, que se efectuaron en las afueras de El Aaiún, obedecieron o no a un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad"
Amnistía tampoco ha obtenido ningún dato que confirme los rumores de que hubo decenas de desaparecidos. Rovera asegura que sólo hay dos personas cuyo paradero se desconoce, pero que "ni siquiera se les puede calificar aún de desaparecidos, pues podrían estar escondidos".
Aunque sometidos a vigilancia constante, los investigadores de la organización de derechos humanos han podido trabajar sin ser molestados por las autoridades, "al igual que periodistas estadounidenses y una delegación de la embajada norteamericana y del Departamento de Estado de EEUU". Una tolerancia relativa que contrasta con el veto absoluto que Marruecos ha impuesto a la prensa española.
Aun así, Amnistía no pudo entrar en las cárceles ni visitar a los heridos del hospital militar, donde su equipo sólo habló con el director. Los detenidos con los que sí pudieron entrevistarse habían sido ya puestos en libertad. Pero en las prisiones, recalca Rovera, quedan "unos 118".
Muchos de ellos "denunciaron haber sido torturados prosigue la investigadora; cuando le preguntamos al fiscal, este dijo que no se había presentado ninguna denuncia". Algunos saharauis reconocieron a Amnistía que no habían denunciado por miedo a represalias.
"No tenemos datos de si los jueces están investigando como deberían o no estas alegaciones de tortura", precisa la representante de Amnistía, una organización que en su informe pedirá a Marruecos una investigación independiente sobre lo que pasó en El Aaiún, algo que la organización viene reclamando hace varias semanas.
Dos ediles expulsados
Marruecos expulsó ayer a los dos ediles canarios de la Comisión de Solidaridad de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) Gregorio González y Josefa Milán Padrón, que habían conseguido entrar en El Aaiún el lunes por la tarde.
Antes de ser conducidos al aeropuerto y sufrir un interrogatorio de "cuatro horas rodeados de diez policías", ambos pudieron entrevistarse por la noche con "cuatro heridos de bala, una mujer torturada y violada, y un chico al que partieron el pie en tres trozos y le destrozaron la rodilla", explicó González.
"A este chico le tuvieron 15 días detenido en el hospital, sin prestarle ninguna asistencia médica y esposado a los barrotes. Su juicio es el 6 de diciembre", deploró el edil.
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