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Esa decisión equivale en la práctica a que los arrestos no se ajustan a derecho; son ilegales porque no había motivos para llevarlos a cabo. De hecho, tras examinar el atestado, el magistrado Juan Carlos Cerón, solo aprecia una posible falta de lesiones en la conducta de los cuatro miembros de la familia Madrani, que está castigada con una simple multa.
Es más, todo apunta a que son ellos las auténticas víctimas, pues son los únicos que presentan lesiones de entre las dos o tres decenas de personas que participaron, según la Policía, en el incidente. Los agentes les acusan en el atestado de un delito de riña tumultuaria, que exige, de acuerdo con la legislación penal española, un enfrentamiento entre dos bandos distintos en igualdad de condiciones.
Pero las fotos captadas en exclusiva por un reportero gráfico de este diario, que casualmente se encontraba en la escena del tumulto, reflejan un intento de linchamiento por parte de un grupo de exaltados contra dos vecino magrebíes. Son, según han confirmado con posterioridad fuentes judiciales a este periódico, el señor Madrani y su hijo.
El segundo, Taha Madrani, que tiene varias heridas en la cara como consecuencia de los golpes, va a presentar una denuncia en nombre de toda su familia contra los agresores, ninguno de los cuales ha sido detenido. El escrito también se dirigida contra una actuación policial que juzgan desproporcionada.
«Es racismo, no porque yo lo diga, sino porque solo nos llevaron a nosotros detenidos. Y eso que mi padre señaló a los policías a los que me habían pegado, pero no le hicieron caso. A mí, lo más me dolió es que mi madre, que nunca ha estado presa, tuviera que pasar la noche en los calabozos», afirma Taha, en su domicilio, con visibles moratones en la cara y una cojera ostensible en la pierna derecha.
La familia marroquí, defendida por los abogados José Luis Sánchez Calvo y Aitor Esteban Gallastegui, presentó a la una de la tarde del pasado martes, unas 14 horas después de las detenciones, una petición de 'habeas corpus', una antigua figura jurídica que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y que obliga al juez a dictaminar de forma inmediata si la privación de libertad se ajusta al ordenamiento constitucional. En caso contrario, como así ocurrió, la autoridad judicial debe ordenar la excarcelación.
Pese a la celeridad que exige ese artículo legal, los cuatro detenidos no fueron trasladados a los juzgados de Benalúa hasta las 19.00 horas. Y una hora después estaban en la calle, según las fuente consultadas. El magistrado Cerón estudió el atestado policial y su sorpresa fue mayúscula al descubrir que solo se habían practicado detenciones en una parte de las dos implicadas en la refriega, máxime cuando eran ellos los que acreditaban lesiones físicas.
«Procede estimar el habeas corpus porque el detenido podría haber cometido una falta de lesiones (...) y no un delito, al no existir lesionado alguno ni dato objetivo que le hagan sospechoso de haber utilizado un arma o instrumento peligroso», señala el juez en una resolución calcada para los cuatro imputados.
Según Taha, un mando de la Policía Nacional trató de convencerle en comisaría de que no presentara el proceso de 'habeas corpus', posibilidad de la que le había informado un amigo. «Me dijo: 'Si quieres salir tú y los tuyos, no lo presentes. Si no, vas a tener que estar aquí y vas a joder a tus padres y a tu hermano tres días», afirma.
La familia Madrani sostiene que un agente se presentó antes de que se desencadenara el incidente, sobre las ocho y media de la tarde, en el edificio, ubicado en la calle Ávila de Alicante.
«Las vecinas de arriba se habían quejado del humo de la barbacoa. El policía vino y nos dijo que, si regresaba, nos llevaba a todos, a unos y a otros, detenidos», afirma Mehdi, de 20 años y también detenido.
Según su versión, las mujeres, de etnia gitana, avisaron a multitud de familiares que se congregaron posteriormente en el portal del edificio para increparles. «Mi madre estaba haciendo carne, unos pinchos, para cenar, cuando se rompe el ayuno del Ramadán. Le dijeron que se fuese al campo a hacer fuego y ella respondió que estaba en su casa. Las vecinas le amenazaron, le dijeron que se fuese a su tierra y que se iba a cagar», rememora Mehdi. «Yo llegué el último y un policía dijo 'coged a este también'. Nos llevaron detenidos solo a nosotros y dejaron en casa a un hermano de 14 años y a otro de 16».
Allanamiento de morada
Los Madrani relatan que una turba reventó la puerta de su domicilio (este periódico comprobó los daños en la vivienda) y sacaron a golpes a su marido a la escalera, lo que de por sí podría constituir un delito de allanamiento de morada, si bien la Policía no lo refleja en el atestado. «Una vecina me mordió y la otra me agarró del pelo», relató la madre ante el juez el pasado martes.
Todos los detenidos rechazan haber esgrimido palos o navajas, como mantienen los del otro grupo. La familia lleva una docena de años residiendo en España y jamás habían tenido problemas en ese u otro vecindario. Estaban perfectamente integrados en la sociedad, como confirman varias vecinas.
El lunes, sin embargo, se enfrentaron a un estallido de rabia y posible racismo que dejó a algunos de ellos magullados y entre rejas. «Vino gente de Elche y Benidorm. La Policía debía cumplir la ley, pero no lo hizo», lamenta Taha.
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